El tráfico de estupefacientes es penado en todo el mundo, y es el component desencadenante de un gran por ciento de la totalidad de los procesos penales a nivel worldwide.
Aunque de una forma tardía, la Directiva 2012/thirteen/UE fue transpuesta a nuestro ordenamiento jurídico a través de la Ley 13/2015 de 5 de octubre, que modificó nuestra ley procesal penal. Si antes de la promulgación de la ley y desde la fecha límite de la trasposición, la tensión entre abogados y FFCCS se producía por la aplicabilidad o no de forma directa de la Directiva europea, ahora con la nueva ley los motivos de discusión se desplazan a la interpretación de conceptos jurídicos. En referencia al derecho de acceso a los elementos de las actuaciones en sede policial, la ley introdujo el novedoso apartado 520.two.D, “Derecho a acceder a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad”. ¿Qué son los elementos esenciales? El Consejo del Ilustre Colegio de Abogados de Cataluña, elaboró, en fecha eleven de febrero de 2016 (Sánchez Garcia & Vallejo Ros), un informe en relación al derecho de acceso a las actuaciones policiales durante la situación de privación de libertad para el correcto ejercicio del derecho de defensa, concluyendo que “tanto la persona detenida como su abogado tienen derecho al acceso a las actuaciones en cualquier fase del proceso penal, antes del primer interrogatorio oficial por parte de la policía o de otra autoridad, por tratarse de una información necesaria e imprescindible para poder preparar su defensa y salvaguardar la equidad del procedimiento”.
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En la mayoría de los casos no es solo el uso de read more la sustancia lo que queda tipificado como delito sino las proporciones de su uso así como las cantidades que se posean de una misma sustancia. Dentro del listado en que quedan plasmados los estupefacientes se encuentran como las más comunes:
En un mundo donde la legalidad y la moralidad a menudo chocan en temas tan controvertidos como la ley de drogas, hay individuos que se dedican a defender a aquellos que han sido acusados de delitos relacionados con sustancias controladas.
[xiv] Instrucción 12/2007, de la Secretaría de Estado de Seguridad sobre el comportamiento exigido a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado para garantizar los derechos de las personas detenidas o bajo custodia policial.
ENT: Entendido. Es un campo authorized amplio y complejo, sin duda. ¿Cuál es tu perspectiva sobre la guerra contra las drogas y su impacto en la sociedad?
Entre estos derechos, el texto incluye el derecho de la persona investigada a ser informada de los hechos que se le atribuyen, con detalle suficiente para ejercer el derecho de forma efectiva. Además, en su apartado primero, letra b) refleja el “Derecho a examinar las actuaciones con la debida antelación para salvaguardar el derecho de defensa y en todo caso, con anterioridad a que se le tome declaración”. Se ha transpuesto literalmente el artworkículo seven.3 de la Directiva 2012/thirteen/UE.
Elblogdelnarco.com presenta un vídeo de la ejecución de 5 personas de las cuales 2 en el vídeo indican ser pertenecientes al crimen organizado de Mante «Zetas» y que fueron detenidas por integrantes del cartel regional de González «CDG».
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Es importante tener en cuenta que estas leyes proporcionan un marco general para la persecución y sanción del tráfico de estupefacientes en Colombia.
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Colombia tiene tratados de extradición con varios países, lo que significa que los ciudadanos colombianos acusados de delitos en otros países pueden ser extraditados a esos países y viceversa.
Joaquín Pérez, nacido en Cuba pero de nacionalidad norteamericana lleva más de 30 años defendiendo los intereses judiciales de narcotraficantes y narcoparamilitares, entre los cuales hay muchos colombianos. Toma sus casos cuando tienen la justicia en el cuello y sus tarifas para lograr acuerdos con la justicia para no pudrirse en las drásticas cárceles de alta seguridad en Estados Unidos, son sumas astronómicas.